Leganés paga las consecuencias de dos gobiernos de derechas: el de Ayuso en la Comunidad, que deja la sanidad pública del municipio bajo mínimos, y el del PP y ULEG en el Ayuntamiento, que gobierna de espaldas al movimiento vecinal. Entre medias, familias que sufren el acoso de propietarios que quieren echarlas de sus casas.
«Nuestra salud no es un negocio»
La Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés (FLAV) lleva meses denunciando el deterioro de la sanidad pública en la ciudad. Los datos son demoledores: el Hospital Severo Ochoa atiende a más población que los hospitales de Getafe, Alcorcón o Fuenlabrada, pero con menos personal y menos camas. Según su propia memoria de 2024, tiene menos camas que en 2011 y menos plantilla que en 2022.
En atención primaria faltan médicos y recursos, y las listas de espera crecen. Las asociaciones reclaman:
- Un centro de salud en Arroyo Culebro.
- Mejorar los centros de atención primaria existentes.
- Ampliar el Severo Ochoa.
- Contratar personal suficiente para cubrir vacantes, bajas y permisos, y reducir las listas de espera.
¿La respuesta de la Comunidad de Madrid en el Consejo Local de Salud del 14 de mayo? Calificar la falta de médicos de «coyuntural», negar que falte personal y dejar claro que «no se contempla dotar de personal médico las urgencias» de los centros ni construir el centro de salud de Arroyo Culebro. El alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), prefirió culpar al Ministerio de Sanidad en lugar de exigir a su propio partido, que gobierna la Comunidad y tiene las competencias sanitarias. Las vecinas temen además que el nuevo centro de salud de Solagua se abra quitando personal al de María Jesús Hereza.
Los vecinos lo resumieron en las calles el pasado 31 de mayo, cuando se sumaron a la gran manifestación por la sanidad pública en Cibeles: «Nuestra salud no es un negocio».
Edificio Soho: cortes de luz y agua para echar a los vecinos
En la calle Arquímedes, en el edificio Soho —un antiguo bloque de oficinas reconvertido en lofts—, una decena de familias denunciaba en marzo una campaña de presión para que abandonen sus casas. Los nuevos propietarios pretenden subir el alquiler hasta 1.500 euros al mes, el triple de lo que pagan algunos inquilinos. Una vecina, Natalia, llegó a pasar unas dos semanas sin luz ni agua.
Según la PAH, que acompaña a las familias, los cortes llegaron sin aviso después de que una empresa de desalojos empezara a operar en el edificio, y los propietarios dijeron que no irían a los tribunales, sino que mandarían a esa empresa. La PAH ha pedido que, si quieren acabar con los contratos, lo hagan por la vía judicial. El alcalde y dos concejales conocían la situación; los servicios sociales se reunieron con los vecinos, pero no ofrecieron ayuda inmediata. Las empresas de desokupación que actúan al margen de la ley son una amenaza para cualquier inquilina: hay que prohibirlas.
Leganés Norte: años de abandono
Los vecinos de Leganés Norte denuncian desde hace años que su barrio es el gran olvidado. «Pagamos lo mismo, debemos recibir lo mismo», reclaman, a la espera de un plan de inversiones. Este verano, la presencia de ratas llevó a los vecinos a acudir al Defensor del Pueblo.
Ahora el conflicto está en el «esqueleto», un centro cívico que nunca se terminó, en la última parcela pública disponible del barrio. El Gobierno de PP y ULEG ha sacado a licitación la redacción de un proyecto para un nuevo edificio sin contar con la FLAV, pese al acuerdo de mayo de 2025 que obligaba a negociarlo. «Desconocemos lo que pretende hacerse en dicho edificio», denuncian las asociaciones, que exigen una reunión urgente para decidir sus usos. El primer teniente de alcalde, Carlos Delgado (ULEG), habla de un «edificio polivalente» y atribuye la queja al «clima político». Las vecinas de Leganés Norte no piden favores: piden participar en lo que es suyo.
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Fuentes: Leganés Activo (sanidad, edificio Soho, Leganés Norte, ratas y esqueleto).
Foto principal: El barrio de Zarzaquemada, en Leganés (2015). Zarateman / Wikimedia Commons, CC0.
