Pensionistas llegados de todo el Estado, junto al Sindicato de Inquilinas, la marea verde educativa y colectivos de jubilación anticipada, llenaron el centro de Madrid el sábado 24 de octubre. Fueron unas 50.000 personas según la organización (25.000 según la Delegación del Gobierno), el doble que el año pasado. El mensaje, a cinco semanas de las generales del 29 de noviembre: gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.
«¡Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden!». Con ese grito recorrió Madrid la manifestación estatal que la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) convoca cada octubre. Este año la cita tuvo otra dimensión. Las pensiones se han colado en el centro de la campaña electoral después de que el diputado de Vox José María Figaredo llamara «zombi» al sistema y propusiera mezclar reparto y capitalización privada, y de que la diputada del PP Ester Muñoz asegurara que el sistema va a «petar». Lo contamos aquí el mismo día: las pensiones no «petan»: se defienden en la calle.
Ramón Franquesa, portavoz de la Coordinadora, lo resumió así ante los manifestantes, según recoge El País: lo que quiebra es lo privado, como en 2008, no lo público. Y pidió que nadie vote «a los verdugos» del sistema.
Pensiones, vivienda, educación: una misma pelea
La marcha no fue solo de pensionistas. Detrás de las pancartas de las plataformas de Euskadi, Galicia, Catalunya, Castilla y León, Andalucía o el País Valencià caminaban también docentes en huelga indefinida con la marea verde («Docentes educando y familias apoyando») y el Sindicato de Inquilinas, que llamó a la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. Sabina Carrau, de Inquilinas, recordó que no puede haber pensiones dignas si los alquileres no paran de subir. Se guardó un minuto de silencio por Maricarmen, la vecina pensionista de Madrid convertida en símbolo de la crisis de la vivienda.
También tuvieron mucho peso los colectivos de jubilación anticipada. ASJUBI40 reclama que no se penalice a quien se jubila antes tras más de 40 años cotizados, normalmente gente que empezó a trabajar muy joven y a la que el mercado laboral expulsa antes de tiempo. Su portavoz, Santiago Menchero, pidió al Gobierno que saque adelante en la Diputación Permanente la proposición de ley aprobada por el Congreso en septiembre para corregirlo.
Lo que reclaman
Al día siguiente, el 25 de octubre, las organizaciones convocantes difundieron un comunicado conjunto. Lo firman ASJUBI40, COESPE, EHPM (Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua), MADPP, MODEPEN, UNIDAD COESPE y las plataformas de Badajoz y Móstoles. Sus reivindicaciones:
- Revalorizar las pensiones con el IPC real y abonar una paga compensatoria por la pérdida de poder adquisitivo. El dato definitivo de inflación no se conocerá hasta el 15 de diciembre (la tendencia apunta a un 3,5 %) y el Gobierno ha decidido aplazar la subida a después de las elecciones. Los convocantes piden aprobarla ya.
- Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, para aclarar qué gastos impropios se han cargado durante décadas sobre las cotizaciones.
- Pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional (hoy 1.221 euros brutos en 14 pagas).
- Cerrar la brecha de género: la pensión media de los hombres ronda los 1.638 euros y la de las mujeres, 1.139.
- Derogar los coeficientes reductores para quienes acrediten 40 años o más cotizados.
El comunicado apoya además la huelga general del 11 de noviembre y advierte a quien quiera tocar el sistema público. Su consigna: «NO PASARON en 2018 y NO PASARÁN en 2026». Es una referencia a las movilizaciones que en 2018 arrancaron la vuelta a la revalorización con el IPC.
Quince mentiras sobre las pensiones
Junto al comunicado, la Coordinadora está difundiendo un folleto del economista Juan Torres López, catedrático jubilado de las universidades de Granada, Málaga y Sevilla: 15 mentiras sobre las pensiones. Parte de las declaraciones de estas semanas y desmonta, una a una, las ideas que se repiten para justificar recortes o la privatización. Estas son algunas:
- «El envejecimiento hace imposible pagarlas». Lo que paga las pensiones no es el número de cotizantes por jubilado, sino la riqueza que produce el país, y esa depende de la productividad. Según el documento, en 2060 España producirá más del doble que en 2007. El debate real es cómo se reparte esa riqueza.
- «Hay un déficit que hunde la economía». A las pensiones se les exige lo que no se exige a ningún otro servicio público: nadie dice que la sanidad o los bomberos tengan «déficit». Tienen financiación suficiente o insuficiente, y eso se decide políticamente.
- «La hucha está vacía». El Fondo de Reserva nunca fue el que paga las pensiones, y hoy supera los 15.000 millones, su nivel más alto en diez años. Lo vació una decisión política: el Gobierno de Rajoy lo recibió con casi 67.000 millones y lo dejó en algo más de 8.000.
- «Los jóvenes pagan las pensiones de los mayores y nunca cobrarán la suya». La precariedad juvenil es real, pero no es culpa de las pensiones de sus abuelos. El sistema funciona como un relevo: quienes hoy cotizan cobrarán de quienes trabajen mañana, igual que los jubilados actuales pagaron durante décadas las de sus padres.
- «Los planes privados son más seguros». Dependen de los mercados financieros y de las comisiones de los gestores. El documento pone el ejemplo de Chile, que lleva más de cuarenta años aplicando lo que hoy se propone aquí, con resultados contrarios a lo prometido.
Torres advierte también contra la mentira contraria: que las pensiones sean «sostenibles pase lo que pase». Dependen del empleo, de los salarios y del reparto de la riqueza, y se pueden ir perdiendo poco a poco con pequeños ajustes técnicos. Por eso propone blindarlas en la Constitución y recuerda que el 29 de noviembre también se decide sobre ellas. El autor permite copiar y compartir libremente el folleto sin fines comerciales.
La paradoja de los mutualistas
Mientras unos partidos piden más capitalización privada, unos 100.000 profesionales hacen el camino contrario. Abogados, procuradores, arquitectos y otros colectivos, que durante décadas cotizaron a mutualidades privadas alternativas, piden pasarse al sistema público. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia que la pasarela al régimen de autónomos (RETA) sigue bloqueada por falta de reglamento. Muchos de esos profesionales se encuentran, tras toda una vida de aportaciones, con prestaciones que no les dan para vivir. Para su presidente, Eduardo Abad, las pensiones públicas son «un derecho, no un negocio».
UPTA recuerda además lo que está en juego. Según los datos oficiales de septiembre de 2026, la Seguridad Social paga 10.547.417 pensiones contributivas a más de 9,5 millones de personas, con una nómina mensual de 14.498 millones de euros. Ese dinero sostiene millones de hogares y buena parte del consumo en barrios como los del sur de Madrid.
La manifestación, en vídeo
Y ahora, ¿qué?
En el sur de Madrid, la Plataforma de Pensionistas de Móstoles firma el comunicado junto al resto de organizaciones. El próximo paso es la huelga general del 11 de noviembre. La consigna que más se repitió el sábado sirve también para el 29N: gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.
Más información y materiales en la web de la COESPE.
