Esta semana, la prensa de la derecha ha hablado mucho de vivienda, pero casi siempre de la casa de alguien: el piso público en el que vive la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, las viviendas de una ministra, la «realidad de Barcelona» o un estudio que asegura que regular los alquileres hará desaparecer pisos del mercado. Del problema que viven cada mes miles de familias del sur, apenas una línea. Aquí van los datos que no salen en esas portadas.
Lo que cuesta alquilar en el sur
Según Idealista, en septiembre de 2026 el alquiler costaba por metro cuadrado:
| Municipio | €/m² al mes | Subida en un año |
|---|---|---|
| Leganés | 15,4 | +10,2 % |
| Getafe | 15,1 | +3,0 % |
| Alcorcón | 15,1 | +1,3 % |
| Fuenlabrada | 14,6 | +10,4 % |
| Móstoles | 14,1 | +3,7 % |
| Valdemoro | 13,9 | +9,4 % |
| Parla | 13,8 | +6,8 % |
| Pinto | 13,8 | +5,0 % |
Un piso de 70 metros cuadrados sale ya por unos 1.080 euros al mes en Leganés y unos 1.020 en Fuenlabrada. Con salarios que no suben al mismo ritmo, el alquiler se come la mitad del sueldo de muchas familias trabajadoras.
Una jueza y una familia de Leganés
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid intenta desalojar viviendas públicas. Esta semana, la jueza Raquel Catalá, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, anuló la orden de la Agencia de Vivienda Social para echar de un piso público de Leganés a una familia con cinco hijos de entre 2 y 12 años, sin ingresos ni alternativa habitacional. La Comunidad no pudo demostrar que el piso estuviera asignado a otra familia. La jueza lo resumió así: se condenaba a esos niños «al desamparo residencial para dejar una vivienda pública vacía y tapiada». A principios de octubre, la misma jueza ya había frenado ocho desahucios en pisos públicos de la EMVS y la Agencia de Vivienda Social. La sentencia de Leganés aún puede recurrirse.
Comprar a los fondos o vendérselas
El Gobierno vasco acaba de acordar la compra de 510 viviendas protegidas de alquiler al fondo Blackstone en San Sebastián, por unos 100 millones de euros, para que sigan teniendo alquileres asequibles y no se vendan una a una en el mercado. Madrid hizo justo lo contrario: en 2013, el Ayuntamiento de Ana Botella vendió 1.860 viviendas protegidas a Blackstone, y el Gobierno regional del PP se deshizo de casi 3.000 viviendas del antiguo IVIMA a favor de un fondo vinculado a Goldman Sachs. Algunas inquilinas e inquilinos vieron subir sus alquileres hasta un 40 %.
Ese es el debate de fondo: si la vivienda es un derecho que hay que proteger con un parque público fuerte, o un negocio. La pregunta no es dónde vive cada político, sino quién se ha quedado con las viviendas que eran de todos.
Por eso el 11 de noviembre la huelga general pide contratos indefinidos, bajar los alquileres, acabar con los desahucios y un parque público de vivienda financiado con un impuesto a las grandes fortunas. Aquí te contamos cómo se está organizando.
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Sigue la acampada por la vivienda de Sol: el directo, los comunicados, el calendario de actividades y lo que hace falta en la plaza están en madrid.acampada26s.net y en su canal de Telegram t.me/acampada26s. En acampada26s.net puedes consultar las acampadas de otras ciudades.
Fuentes: Idealista, elDiario.es, Bilbao Hiria, Qué! y Moncloa.com. Foto de portada: Nemo / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
