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Los millones de Sol: una cifra sin estudio, dos autos judiciales y la vivienda de fondo

Ayuso habla de 25 millones de pérdidas por la acampada de Sol y Almeida de 30, sin estudio publicado. El TSJM rechazó dos veces el desalojo urgente. Mientras, la emergencia que la motivó, la vivienda, sigue sin respuesta.

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Vista de la Puerta del Sol de Madrid con la Real Casa de Correos al fondo
Foto: Carlos Delgado / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

La acampada por la vivienda de la Puerta del Sol cumple más de un mes y el relato de la derecha ya está escrito: pérdidas millonarias, comercios hundidos, delitos e inacción del Gobierno. Esta semana se ha sumado una denuncia penal de la Comunidad de Madrid contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín. Vale la pena separar lo que está acreditado de lo que no.

Una cifra sin estudio

El 22 de octubre, en el pleno de la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso cifró en más de 25 millones las pérdidas causadas por la acampada y habló de caídas de ingresos de entre el 50% y el 90% en los comercios de la zona. Días después, el Ayuntamiento de Almeida elevó la cifra a 30 millones.

No hemos encontrado ningún estudio publicado, metodología ni fuente oficial que respalde esas cantidades. Tampoco la información que las recoge cita ninguno. Una cifra que cambia de 25 a 30 millones en cinco días sin explicar cómo se calcula no es un dato: es un argumento. Si la Comunidad y el Ayuntamiento tienen ese informe, deberían publicarlo para que pueda contrastarse.

Lo que han dicho los tribunales

Lo que sí está acreditado es la respuesta judicial. La Comunidad pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el desalojo urgente de Sol. El TSJM rechazó la medida cautelarísima y, el 7 de octubre, también la cautelar, con una frase clara: «No ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa». El fondo del recurso sigue pendiente.

La Abogacía del Estado, por su parte, advirtió ante el tribunal de que un desalojo por la fuerza podía provocar «incidentes de fuerza con peligro físico», según recogió Infobae. Y juristas de Red Jurídica recordaron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige cierta tolerancia ante las molestias que causa cualquier protesta.

Pese a ello, la Comunidad ha presentado una denuncia penal contra Francisco Martín por presunta prevaricación por no desalojar, y le atribuye además no perseguir una larga lista de delitos que, según la denuncia, se cometerían en la acampada. Serán los juzgados quienes digan si hay algo de eso; hasta hoy no nos consta ninguna resolución judicial que lo acredite. Lo que sí sabemos es que el tribunal competente ya examinó la supuesta inacción y no la apreció.

La pregunta que no se hace

La carta que la Delegación del Gobierno envió el 29 de octubre a los acampados sugiere poner fin a la protesta porque ha pasado «un tiempo razonable» y las reivindicaciones ya han tenido visibilidad. No es una orden de desalojo. Y contiene un dato que debería abrir todos los telediarios: en Sol hay personas sin hogar, y el delegado pidió al Ayuntamiento que las atendiera.

Es decir, en el kilómetro cero de la región que más presume de prosperidad hay gente durmiendo en la calle. Esa es la noticia. No los toldos, sino la vivienda: la emergencia que motivó la manifestación tras la que se instaló la acampada, el 26 de septiembre, y que el Sindicato de Inquilinas decidió llevar «hacia la huelga general» y a los barrios, cuando anunció a principios de octubre que dejaba la acampada.

Ya hemos explicado aquí que protestar no es violencia y que el problema de la vivienda en el sur tiene datos que no salen en sus portadas. Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento han dedicado a la emergencia habitacional la misma energía que a perseguir la protesta.

Hacia el 11N

Los acampados debaten ahora cuándo levantar las tiendas, y una de las fechas que se barajan es la de la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. Sea cuando sea, lo que empezó en Sol seguirá en Fuenlabrada, Getafe, Leganés o Parla, en cada bloque amenazado por un fondo y en cada familia que dedica media nómina al alquiler. Que se publiquen las cuentas de las pérdidas. Y que se publique, también, cuántas viviendas públicas se han entregado este año.

Fuentes

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