En Fuenlabrada, más de 190.000 vecinas y vecinos viven este año dos caras del mismo problema: lo que pasa cuando lo común se abandona. Familias de la calle Pinto que pelean por no ser expulsadas de sus casas por un banco público reconvertido en especulador, y una ciudad que este verano se llenó de basura porque el servicio de recogida llevaba años sin la inversión que necesitaba.
Calle Pinto: «Si tocan a una, nos tocan a todas»
En los portales 15, 17 y 19 de la calle Pinto, un grupo de familias —17, según sus vecinas— lleva años viviendo en pisos que acabaron en manos de la Sareb, el «banco malo» creado con dinero público para rescatar a la banca tras la burbuja inmobiliaria. Entre ellas hay menores con discapacidad, personas dependientes, jubiladas, madres solas y jóvenes. Gente trabajadora que quiere pagar su alquiler.
Desde octubre de 2022 no reciben recibos y no saben a quién pagar. Han entregado una y otra vez la documentación que se les pedía, pero la Sareb solo ha ofrecido contrato a una parte. «Queremos pagar y legalizar nuestra situación, pero nadie nos da una solución», denuncian. Se sienten «okupas en nuestra propia casa»: un desahucio invisible que ya ha empujado a dos familias a marcharse.
En enero, la Sareb pidió el desahucio de los 25 pisos de los tres portales. La entidad lo despacha como un «trámite procesal» y promete que los contratos firmados pasarán en 2027 a Casa 47, la nueva empresa pública de alquiler asequible. Pero mientras tanto no ofrece contrato a quienes lo reclaman, y según la información publicada en julio, el primer lanzamiento estaba previsto para octubre. Un patrimonio que es de todos y que debería servir para garantizar vivienda asequible se está usando para presionar a familias vulnerables.
Frente a eso, las vecinas se han organizado. Como Bloque en Lucha, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Madrid, reclaman alquileres acordes a sus ingresos y estabilidad. En julio reunieron a más de un centenar de personas frente al edificio tras hacer campaña en el mercado del barrio. Mientras, la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias de vivienda, no ha movido un dedo para mediar.
Basura: el precio de no invertir en lo público
A comienzos de junio, la recogida de residuos colapsó en buena parte de la ciudad. 10 de los 13 camiones estaban averiados, con una flota de unos 20 años de antigüedad, y el servicio funcionaba al 23 % para atender a más de 190.000 personas. Los contenedores soterrados de orgánico solo pueden vaciarse con los camiones grandes, justo los que más fallaban.
Quienes sostienen el servicio son sus trabajadoras y trabajadores. La plantilla, de unos 240 operarios, denunció que no se cubrían bajas ni jubilaciones y que llevaba meses sin uniformes. Además, en la zona privatizada a Urbaser y Valoriza, según los empleados municipales, las contratas dejaban sin recoger los residuos de fuera de los contenedores, que acababa asumiendo el personal público. Otra muestra de que externalizar no es la solución.
El Ayuntamiento aprobó en junio la compra de seis vehículos nuevos por más de 2,2 millones de euros y anunció contrataciones de personas paradas de larga duración a partir de octubre. Es un paso, pero llega tarde. Fuenlabrada necesita un servicio de limpieza plenamente público, con una flota renovada, una plantilla completa y condiciones dignas para quienes lo hacen funcionar.
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Fuentes: Telemadrid, Moncloa.com (Sareb), Moncloa.com (basura) y Fuenlabrada Noticias.
Foto principal: Vista de Fuenlabrada (2012). Victor Rivera from Fuenlabrada, España / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
