A cuatro días de la huelga general del 11 de noviembre, el mensaje que repiten la patronal, el PP y buena parte de los medios de la derecha es que se trata de una huelga «política», incluso «ilegal». El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la ha llamado «ilegal» y ha anunciado que la llevaría a los tribunales; el PP la ha bautizado como una «huelga contra la oposición». Conviene mirar qué dicen la ley y la jurisprudencia, porque lo que está en juego es un derecho fundamental.
Qué dice la ley
El artículo 28.2 de la Constitución reconoce «el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses». El artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977, preconstitucional, declara ilegales las huelgas que se inicien «por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados». En eso se apoya la patronal.
Pero ese artículo hay que leerlo como lo ha leído el Tribunal Constitucional. La sentencia 11/1981 y la 36/1993 reconocen la legitimidad de las huelgas contra la política social y laboral de los gobiernos, y establecen que una huelga no tiene por qué limitarse a reclamar subidas salariales o cambios en un convenio. Como resume la profesora de Derecho del Trabajo Ana Belén Muñoz en elDiario.es, la huelga es un derecho fundamental que no debe interpretarse de forma restrictiva, siempre que cumpla los requisitos formales y sirva a un interés profesional.
Por qué la vivienda es un asunto laboral
El catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías la ha calificado de «perfectamente legal», porque conecta directamente con los salarios y el poder adquisitivo. Y los números lo explican: según las cifras de los sindicatos convocantes, en una década la vivienda se ha encarecido en torno a un 80% y el alquiler un 87%, mientras los salarios subieron alrededor de un 28%. Cuando el alquiler se come la nómina, la vivienda es una cuestión de salario.
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La convocatoria de CCOO y UGT, a la que se suman CGT, CIG, ELA, LAB, Cobas, Solidaridad Obrera y el Sindicato de Inquilinas, une precisamente vivienda y salarios. También incluye la defensa de las pensiones públicas y el rechazo a propuestas que permitirían a las mutuas dar altas en determinadas bajas médicas. Son intereses de la clase trabajadora en sentido estricto.
Los precedentes
- 14-D de 1988: huelga general contra las reformas del Gobierno de Felipe González, considerada plenamente válida.
- Huelgas generales de 2010 y 2012 contra las reformas laborales de los gobiernos de Zapatero y Rajoy.
- 8 de noviembre de 2017: una huelga de un sindicato minoritario de apoyo al independentismo catalán fue avalada por el TSJ de Cataluña y por el Tribunal Supremo.
- Huelgas feministas del 8M y paros en solidaridad con Palestina.
Si esas huelgas cabían en la ley, cuesta sostener que no quepa una convocatoria por la vivienda y los salarios registrada por los dos sindicatos mayoritarios.
¿Y lo de la cercanía de las elecciones?
La huelga se celebra dos días antes de que empiece la campaña del 29-N, y es cierto que nunca en democracia una huelga general había estado tan cerca de unas elecciones. Pero la ley no prohíbe hacer huelga en periodo preelectoral. Que el calendario sea incómodo para unos u otros no convierte una reivindicación laboral en ilegal. Lo que sí es preocupante es intentar deslegitimar un derecho fundamental porque molesta.
Servicios mínimos: la otra forma de recortar la huelga
En la Comunidad de Madrid, UGT y CCOO han denunciado unos servicios mínimos «abusivos» y «claramente desproporcionados» en educación, sanidad y transporte, una propuesta presentada en pantalla sin entregar el documento completo, y se reservan acciones legales. CCOO ha pedido además garantías para las plantillas del transporte y respeto a los piquetes informativos. Unos servicios mínimos excesivos vacían de contenido el derecho de huelga sin necesidad de prohibirla.
En el sur sabemos de qué va esto. Ya contamos por qué el 11N también va de precios y salarios y cómo las acampadas por la vivienda se vuelcan en la huelga. El 11 de noviembre, hacer huelga es legal, legítimo y necesario.
Fuentes
- Constitución Española, art. 28 (BOE)
- Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo (BOE)
- elDiario.es: por qué es legal una huelga general por la vivienda
- El Plural: el vínculo con los salarios y la vía legal que niega Garamendi
- El Diario de Madrid: convocatoria, apoyos y críticas del PP y la CEOE
- elDiario.es: pensiones y bajas médicas entre los motivos del 11N
- Gacetín Madrid: UGT y CCOO denuncian servicios mínimos abusivos
- El Diario de Madrid: CCOO rechaza los servicios mínimos del transporte
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