En la madrugada del martes 3 de noviembre, unos 400 agentes (220 de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal) desalojaron la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, que llevaba en pie desde el 26 de septiembre, tras el desahucio y la muerte de Maricarmen Abascal. Para Telemadrid era una «acampada ilegal»; para la presidenta Ayuso, una situación que el Gobierno había «permitido» durante 38 días y que despachó con su lema «O comunismo o libertad». Lo que casi no ha salido en las portadas es quién estaba en la plaza esa noche.
Nueve de cada diez, sin hogar
Según el balance del propio operativo recogido por Qué!, se identificó a 334 personas, y el 90% no tenía hogar. Muchas de las comisiones de la Acampada 26S habían anunciado días antes que se disolvían para seguir el trabajo en los barrios como «Movimiento 26S». En la plaza quedaban algunos participantes y, sobre todo, personas que no tenían otro sitio donde dormir; unas cincuenta habían formado incluso su propia asociación para seguir allí.
Es decir, el desalojo de una protesta por el derecho a la vivienda terminó, en gran parte, expulsando de madrugada a personas sin vivienda. En las crónicas consultadas no consta que se ofreciera una alternativa habitacional a esas personas. Si se ofreció, las administraciones deberían explicarlo; si no, es la mejor prueba de por qué existía la acampada.
Dos versiones
La Delegación del Gobierno sostiene que el desalojo fue gradual, «sin violencia» y como último recurso, tras requerimientos por escrito los días 26 y 29 de octubre y tras informes policiales sobre presuntos delitos e incidentes. Hubo dos detenidos por resistencia y atentado contra la autoridad. El balance recoge también a una mujer herida grave al ser golpeada por maquinaria de limpieza, y casi 36 toneladas de tiendas, enseres y escombros retirados.
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La Acampada 26S habla de una «intervención policial violenta», denuncia golpes y uso de gas pimienta, y asegura que no les dieron «ni media hora para salir». Esa misma tarde, unas 600 personas, según la Delegación, marcharon de Sol a Cibeles contra la actuación policial y guardaron un minuto de silencio por Maricarmen. La coordinadora ha difundido testimonios de violencia durante el desalojo. Desde aquí no podemos verificar cada uno de ellos; por eso pedimos que se investiguen.
El derecho a la protesta no caduca
Durante semanas, la acampada fue blanco de una campaña de desprestigio: se habló de pérdidas millonarias para el comercio, la presidenta regional llegó a pedir información sobre si la gestionaba un grupo con «antecedentes terroristas» y la Comunidad anunció acciones penales contra el anterior delegado del Gobierno por no haberla desmontado. Ya analizamos los supuestos millones de Sol: una cifra sin estudio y desmontamos el bulo contra Maricarmen.
Un Estado democrático puede regular el uso del espacio público, pero tiene que hacerlo con proporcionalidad, transparencia y respeto a los derechos de reunión y manifestación. Y cuando quienes quedan en una plaza son mayoritariamente personas sin hogar, la respuesta no puede ser solo policial: tiene que ser social. Pedimos que la Delegación del Gobierno haga públicos los informes en que basó la decisión, que se investiguen las denuncias de violencia y la grave lesión de la mujer herida, y que el Ayuntamiento y la Comunidad expliquen qué ha sido de las personas desalojadas.
La lucha vuelve a los barrios
La acampada no ha desaparecido: se ha trasladado a los barrios y se vuelca en la huelga general del 11 de noviembre. La pelea sigue en los barrios, también en los del sur. Despejar una plaza es fácil. Lo difícil, y lo urgente, es que nadie tenga que dormir en ella.
Fuentes
- El Diario de Madrid: dos detenidos y versiones enfrentadas (3-11-2026)
- Qué!: 400 agentes, 36 toneladas y un herido grave (4-11-2026)
- Infobae: la policía desaloja la acampada de Sol (3-11-2026)
- EFE/Infobae: una manifestación denuncia la violencia policial
- infoLibre: las denuncias de violencia en el desalojo de Sol
- Telemadrid: «El desalojo de la acampada ilegal de Sol…» (1-11-2026)
- Telemadrid: Ayuso y los «antecedentes terroristas»
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