Esta semana, cuando se cumplían cien días de la entrada masiva en Ceuta del 30 de julio, buena parte de las portadas de la derecha volvió a hablar de «invasión». El Mundo abría con que «más de 100.000 inmigrantes saltaron desde Marruecos a Ceuta en tan solo 24 horas»; El Español titulaba con un «macroCETI» y la palabra «invasión» en boca del vicepresidente del Gobierno ceutí. Son cifras y palabras que asustan. Pero dejan fuera lo esencial: qué ha pasado después y quién está pagando el precio.
Lo que dicen los datos
Las cifras de entradas siguen en disputa. El Gobierno mantuvo en agosto la estimación de unas 72.000 personas; otras fuentes hablan de más de 100.000. Lo que sí consta en un informe de la Guardia Civil entregado a finales de octubre a la Audiencia Nacional es que unas 88.146 personas habrían retornado a Marruecos. El mismo documento recoge 862 rescates en el mar y 90 personas fallecidas. La Policía Nacional admitió ante la jueza que no puede contabilizar todos los retornos, porque solo registra a quienes pidieron volver de forma expresa.
Es decir: la inmensa mayoría de quienes entraron ya no está en Ceuta. Según el propio Gobierno ceutí, quedan unas 15.000 personas, unas 8.000 de ellas en campamentos, y unos 3.600 menores bajo tutela. Son cifras serias para una ciudad de su tamaño, que exigen recursos y coordinación. No son una «invasión» del país.
La emergencia que no abre telediarios
El 5 de noviembre, cinco organizaciones (Fundación Raíces, Asociación Elín, No Name Kitchen, Mission Lifeline International y la Plataforma de Organizaciones de Infancia) enviaron a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía de Menores de Ceuta, a varios ministerios, al Gobierno ceutí y al Defensor del Pueblo un informe sobre más de 400 niños y adolescentes de entre 13 y 17 años en situación de desamparo. Según su registro, entre 150 y 200 duermen a la intemperie y el resto en garajes, portales o trasteros.
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El informe describe centros sobreocupados en naves y carpas, menores con heridas y enfermedades sin tratar más allá de la atención básica de Médicos del Mundo, y relatos de agresiones que, según las entidades, deben investigar jueces y fiscales. Hablan de un «fracaso absoluto del Estado de derecho» y piden que se valore si hubo dejación de funciones. Son denuncias de las propias organizaciones y las administraciones aún no han respondido públicamente a cada una de ellas; precisamente por eso piden que actúe la Fiscalía.
El tapón: las comunidades que no quieren acoger
La salida a esta situación existe y está en la ley: el real decreto de 2025 permite trasladar menores a otras comunidades en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Las entidades piden que el Gobierno central active ya los mecanismos de ejecución forzosa, porque el reparto voluntario está «absolutamente bloqueado por intereses políticos».
¿Quién bloquea? En la Conferencia Sectorial de Infancia de finales de agosto, según la crónica de Qué!, Aragón, Castilla y León y Extremadura ni siquiera acudieron, y la Comunidad de Madrid llegó tarde y se negó a discutir el reparto, defendiendo que los menores vuelvan con sus familias. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reclamó entonces «solidaridad». En septiembre, el Gobierno planteó completar los traslados en dos meses aplicando los cupos del real decreto si el PP seguía sin aceptar acogidas voluntarias. En Andalucía, PP y Vox tumbaron una iniciativa de Por Andalucía para acoger a menores de Ceuta.
Por eso el marco de la «invasión» es tan útil para quien lo usa: convierte un problema de protección de la infancia, que tiene responsables con nombre y competencias claras, en un relato de miedo. Mientras se discute si fueron 72.000 o 100.000, cuatrocientos chavales duermen en la calle.
Qué tiene que ver con el sur de Madrid
Mucho. La Comunidad de Madrid es una de las administraciones con más capacidad para acoger y de las que más se ha resistido al reparto. En nuestros barrios hay entidades, familias y profesionales de protección de menores que saben hacer esta tarea. Ya contamos aquí cómo la regularización y el antirracismo llegan a la campaña del 29-N y por qué la vivienda no la encarecen los migrantes. La lógica es la misma: señalar a quien llega para no hablar de quien gobierna.
Desde Comarca Sur pedimos tres cosas sencillas: que la Fiscalía investigue las denuncias; que el Gobierno central active ya el reparto obligatorio previsto en la ley; y que la Comunidad de Madrid asuma la parte que le corresponde. Los derechos de la infancia no dependen del pasaporte.
Fuentes
- Euronews: la Guardia Civil eleva a 88.146 los retornos (6-11-2026)
- Infobae/EP: cinco ONG llevan a Fiscalía el abandono de niños en Ceuta (5-11-2026)
- Ceuta al Día: más de 400 menores siguen fuera del sistema de protección
- El Español: entrevista al vicepresidente del Gobierno de Ceuta (7-11-2026)
- PressDigital: el Gobierno mantiene la cifra de 72.000 entradas
- Qué!: PP y Vox bloquean la reubicación de los menores de Ceuta (28-8-2026)
- Mundiario: el Gobierno plantea dos meses para el traslado
- La Voz del Sur: PP y Vox bloquean la iniciativa de Por Andalucía
- PressDigital: titulares de prensa del 7-11-2026
